Hay que reforzar Maastricht

 

Maastricht Codigo 01.10.15

El drama de Grecia, el alto nivel de la deuda pública y el débil crecimiento económico en muchas partes de la zona del euro demuestran lo importante que es abordar de forma resuelta las reformas. Además, creo firmemente que se debe prestar más atención al principio de responsabilidad de la economía de mercado, según el cual quien toma decisiones debe asumir sus consecuencias. Solo así es posible estabilizar la unión monetaria de forma duradera.

En estos días se oye con frecuencia la exigencia de una mayor solidaridad. Pero la solidaridad no es un remedio que sirve para compensar desequilibrios económicos y fiscales. La ayuda financiera permite ganar tiempo para implementar el necesario proceso de ajuste, pero no puede sustituirlo. Como reacción a la crisis se han creado nuevos procedimientos y estructuras, como el fondo de rescate ESM, la unión bancaria y el pacto fiscal, que permiten asegurar una mayor solidez y a su vez una mayor solidaridad. Pero a más tardar cuando un Estado miembro, invocando sus derechos soberanos, hace caso omiso de acuerdos, la solidaridad llega a sus límites. Es lo que ha demostrado la crisis de Grecia.

En la cooperación entre Estados es inadmisible a la larga que cualquiera “haga un pedido” y al final todos tengan que pagar.

En la cooperación entre Estados es inadmisible a la larga que cualquiera “haga un pedido” y al final todos tengan que pagar. Por eso, en la unión monetaria se debe lograr de forma sostenible una mayor consonancia entre la facultad de tomar decisiones y la responsabilidad por sus consecuencias. Para ello se plantean en principio dos opciones. La primera opción parte del marco jurídico existente (Maastricht plus) y desea fortalecer de nuevo el principio de responsabilidad de los Estados miembros y de los inversores financieros, permitiendo una responsabilidad conjunta solo dentro de estrechos límites. La segunda opción sería una unión política, en la que una instancia europea central pudiera asumir el directamente el control de Estados miembros cuando sus políticas económicas y financieras generen graves desequilibrios. Solo a cambio de la renuncia a la soberanía nacional, para la cual habría que cambiar los tratados de la UE y muchas constituciones nacionales, sería posible un debate sobre una mayor responsabilidad común y transferencias financieras.

Sin embargo, la política teme tomar esta decisión fundamental, en favor de una u otra opción. Por el contrario, muchas de las propuestas se reducen a avanzar en la integración evitando cambios en el tratado y sin aproximación gradual a la unión política. Una mayor integración significa de este modo sobre todo más responsabilidad común pero sin pérdida de soberanía, como podría ser un seguro de desempleo comunitario o una garantía común de depósitos. Algo similar ocurre con la compensación financiera directa entre Estados europeos. Pasos rápidos y cortos en esta dirección pueden conducir involuntariamente a una tierra de nadie, de responsabilidades poco claras. Las consecuencias serían fatales: creciente pérdida de impulso en las reformas, una menor aceptación de la unión monetaria por parte de la población y presión permanente sobre el Eurosistema —posiblemente en perjuicio de la orientación a la estabilidad en la unión monetaria—. Tampoco me parecen suficientemente bien reflexionadas las recientes propuestas de creación de un Ministerio de Finanzas europeo o de un Gobierno económico europeo. Si al final eso equivaldría a facilitar financiación adicional a Estados miembros en crisis, se debilitarían las responsabilidades y se crearían incentivos equivocados. Sería un error premiar una incorrecta política económica nacional con transferencias financieras europeas.

Mientras que no haya voluntad suficiente para dar un gran paso hacia la integración, incluyendo las modificaciones legales necesarias, se debe reforzar el marco regulatorio del acuerdo de Maastricht y hacerlo menos vulnerable ante las crisis. Esto requiere tres cosas: un sistema financiero robusto, mecanismos efectivos de gestión de crisis y reglas fiscales eficaces. Es necesario reforzar el principio de responsabilidad propia tanto de los Estados miembros como de los inversores financieros.

Solo a cambio de la renuncia a la soberanía nacional sería posible un debate sobre una mayor responsabilidad común y transferencias financieras.

Para fortalecer el sistema financiero, los bancos deben mantener más y mejores reservas de capital. Los propietarios y acreedores de los bancos, y no los contribuyentes, deben asumir la responsabilidad en caso de desequilibrios. Estos son los principales objetivos de las normas recientemente dispuestas para la reestructuración y liquidación de bancos. También es necesario romper la interdependencia entre Estados y bancos, reduciendo la preferencia regulatoria en favor de títulos de deuda del Estado frente a préstamos a empresas y a familias. De lo contrario existe el peligro que los sistemas bancarios nacionales, que se han henchido de deuda pública de su país, arrastren al precipicio a los Estados en caso de dificultades de pago.

Y para fortalecer el marco regulatorio también hay que establecer reglas claras para el caso de una posible insolvencia de Estados. Además, los títulos de deuda pública deben incluir una cláusula según la cual el plazo de vencimiento se prorroga automáticamente, por ejemplo por tres años, en caso de que haya un programa de rescate ESM. Esto posibilitaría una mejor discriminación entre países con problemas de liquidez y países con problemas de solvencia. Los inversores financieros asumirían su responsabilidad y ya no podrían trasladar fácilmente a los contribuyentes las consecuencias de sus decisiones de inversión, lo cual reduciría drásticamente el volumen requerido de créditos ESM.

Las reglas fiscales se deben implementar de forma más simple, transparente y estricta. La aplicación más bien laxa de las reglas por parte de la Comisión Europea en países con excesivo déficit presupuestario amenaza con socavar su credibilidad y efectividad. Con respecto al debate sobre el futuro papel de la Comisión Europea, muchos factores hablan en favor de una delegación de sus funciones de vigilancia de presupuestos y verificación de aplicación de reglas a una institución independiente. Ésta tendría un mandato claro y no intervendría en el proceso de negociación política en Europa. No obstante, solo el Consejo de Economía y Finanzas debería seguir extrayendo las conclusiones políticas al respecto.

 

Existe el peligro de que los sistemas bancarios nacionales arrastren al precipicio a los Estados en caso de dificultades de pago

Se trata en última instancia también de proteger a la política monetaria. Actualmente muchos ven en la política monetaria una instancia que acude a cubrir un hueco cuando los Gobiernos no actúan. Esto pone en peligro no solo una orientación clara del Eurosistema a la estabilidad de precios, sino también su independencia.

 

Jens Weidmann – Presidente del Deutsche Bundesbank.

 

http://elpais.com/elpais/2015/09/29/opinion/1443547356_946517.html